Los programas electorales confrontarán mañana modelos en las urnas. Los catálogos de promesas llaman al voto; sin embargo -como suele ocurrir- muchas de ellas se antojan muy difíciles de cumplir.
Durante su campaña, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tropezado con varias de las medidas planteadas. Su programa propone una revalorización de las pensiones, pero no explica si aplicará la subida al ritmo que lo haga el IPC. El popular tuvo que caer en la contradicción -el pasado lunes en una entrevista- para verse obligado a comprometerse a hacerlo así si gana las elecciones. Un compromiso -que también lleva el PSOE en su programa- que ha sido cuestionado en más de una ocasión por diferentes organismos.
Uno de los más combativos con este punto, la AIReF, advirtió hace meses del efecto negativo que la medida tendría sobre los ingresos públicos. “Entre 2022 y 2023, la buena marcha de la economía queda compensada por el impacto de aumentar las pensiones con el IPC del año anterior“, dijo su recientemente presidenta, Cristina Herrero.
Sin embargo, no todo queda ahí. Muchas de las propuestas que se desprenden del discurso de Feijóo ponen en peligro la estabilidad de las cuentas públicas en un momento especialmente delicado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se atrevió a incluirlo en su programa, pero sí lo hizo en mítines, entrevistas, el único cara a cara aceptado y en varios titulares. El líder gallego se compromete a deflactar el IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros.
Aunque no se trata de una verdadera rebaja fiscal (pues miles de contribuyentes sufrirán aún los efectos del alto IPC), los expertos aseguran que reducirá la recaudación del impuesto que mejor se comporta mes tras mes, frente a los traspiés que ya sufren Sociedades y el IVA. Entre enero y mayo -últimos datos publicados- el rendimiento del IRPF aumentó un 11,9%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Si Feijóo llega finalmente a La Moncloa y cumple con lo prometido, ese comportamiento sufrirá un retroceso en un momento en que la UE vuelve a exigir la reducción del déficit y la deuda.
Pero la rebaja de Feijóo queda en nada comparada con la prometida por Santiago Abascal en su programa. Plantea un tipo único reducido del IRPF del 15% a rentas inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% a las superiores. Esto provocaría un profundo agujero que dejaría los ingresos en la mitad.
El IVA y grandes fortunas
Lo mismo ocurre con la otra propuesta fiscal del popular. Plantea una rebaja temporal del IVA de carnes y pescados, como “alivio” para las familias. España ya cuenta con una reducción de este impuesto para el aceite y la pasta, y su eliminación -prorrogada- del que afecta a los alimentos de primera necesidad. Su impacto en la recaudación es evidente. El pasado mayo Hacienda dejó de ingresar 161 millones de euros, con respecto al quinto mes de 2022. Si el líder del PP consigue la presidencia del Gobierno y cumple lo prometido, la caída de la recaudación por IVA será más notable.
También se extiende al impuesto a las grandes fortunas, que Feijóo tiene planeado eliminar. El tributo, está avalado por la Comisión Europea que hace unas semanas registró una iniciativa para gravar los patrimonios más altos de la UE con el fin de financiar “la transición ecológica y social”. Tumbar el gravamen restará 1.500 millones anuales, según prevé el Gobierno. Estas tres medidas, pondrán en aprietos el equilibrio fiscal español. Llegado el momento -y si el PP impone su programa- un hipotético Núñez Feijóo se verá abocado al recorte del gasto para recomponer los números.
Los Veintisiete ya han pedido a los estados comunitarios contener de manera inmediata el gasto y ser muy cautos con las iniciativas que recorten los ingresos. De hecho, es la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, la que lidera las conversaciones entre los países miembros, y lo está haciendo con éxito. La ministra de Asuntos Económicos ha conseguido allanar el camino hacia el acuerdo, atrayendo a los conocidos ‘halcones’ a su terreno y poniendo sobre la mesa una hoja de ruta flexible pero tajante con la senda a la baja del déficit y la deuda. Aún así, Bruselas impone orden en las cuentas, y promesas como las lanzadas por Feijóo no son del agrado de la Comisión Europea, quien debe velar por el cumplimiento de lo pactado.
Los peajes de Pedro Sánchez
Sin embargo, el PP no es la única formación que desafía la realidad en su programa. Es cierto que el PSOE ha sido más quirúrgico en su planteamiento, incluyendo medidas de gran impacto con un coste contenido; pero si Sánchez renueva su cargo tendrá difícil el no imponer el pago por el uso de las autovías españolas. La medida -exigida por el Ejecutivo comunitario- deja poco margen de maniobra al candidato socialista, que sigue tratando de excluirla de las negociaciones con Bruselas en el marco de la financiación europea.
Sánchez se arriesga a un bloqueo parcial del desembolso comunitario. Tal es la persistencia europea que el director de la DGT, Pere Navarro, se vio obligado a admitir que el año que viene se impondrán los temidos peajes en las vías españolas. “Nos obliga Bruselas”, dijo en una entrevista concedida a TV3 hace semanas.
Los ‘impuestazos‘ temporales
Pedro Sánchez se enmendó a sí mismo en su propio programa electoral. “Evaluaremos la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas”, apunta el documento socialista. Esto contradice lo planteado durante la aprobación de los tributos, cuando Moncloa prometió que serían totalmente temporales. Lo cierto, es que lo ingresado gracias a ellos apuntala la recaudación. También cuentan con la aceptación de una parte importante de la sociedad, además de que los recursos presentados por las patronales, parecen lejos de prosperar.
La evidencia de esto alcanza a Núñez Feijóo, que durante las últimas semanas ha dado versiones contradictoria a cerca de qué haría con los gravámenes llegado el caso. En un inicio confesó que los eliminaría, confiando en que quedarían tumbados en los tribunales. Sin embargo, poco después afirmó que los adaptaría a la legislación europea, gravando los beneficios y no los ingresos extraordinarios, como establece el mecanismo.