La inestabilidad política vuelve a afectar a la economía española, que enfrenta el desafío de cumplir con las reglas fiscales sin un Gobierno definido ni una hoja de ruta clara para la consolidación fiscal. La Comisión Europea comenzará a exigir objetivos fiscales a partir de 2024, y se estima que España deberá hacer ajustes por unos 6.000 millones cada año, aunque la auditora pública ha advertido que se necesitarán medidas adicionales.
Tradicionalmente, durante el verano se establece el techo de gasto y en otoño se presentan los Presupuestos. Sin embargo, este año estos hitos no se cumplirán debido al panorama político incierto. Por lo tanto, queda en el aire la forma en que se equilibrarán los ingresos y gastos. Además, los ingresos coyunturales generados por la inflación y la reapertura económica se están desacelerando y serán nulos en 2025 y 2026.
Tanto la AIReF como el Gobierno esperan que el déficit público se sitúe en torno al 4% del PIB al final del año, pero todavía está un punto por encima del objetivo. Según la evaluación del Plan de Estabilidad, un ajuste de 0,46 puntos de PIB al año durante cuatro años permitiría contener el gasto primario en aproximadamente 30.000 millones de euros al final del período de ajuste.
Un ajuste desde cero
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, emitirá los expedientes de cada país en la primavera de 2024 y serán retroactivos desde el otoño del presente año. Esto indica que el ajuste comienza desde ahora.
La falta de un Gobierno definido complica la situación y la cartera de Hacienda queda vacante debido a una multitud de acuerdos que aún no está claro si sumarán la mayoría absoluta.
En consecuencia, el compromiso con Europa no permitirá grandes reducciones de impuestos ni políticas de expansión del gasto, como las implementadas desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, a pesar de que el techo de gasto y los presupuestos proyectados sean los más altos de la historia.
A corto plazo, se ha eliminado el apoyo indiscriminado para el combustible de los transportistas y profesionales, aunque se han mantenido otras medidas, como la reducción del IVA en algunos grupos de alimentos y la excepción ibérica.
Diferentes previsiones
Las previsiones económicas de la Comisión Europea para España reflejan diferencias con los cálculos del Gobierno español en términos de déficit. La Comisión estima que el déficit público se situará en un 4,1% en 2023 y se reducirá al 3,3% en 2024, cifras que difieren del 3,9% proyectado por el Gobierno de Pedro Sánchez para este año y el objetivo del 3% para 2024.
Esta diferencia para 2024 se debe principalmente a que la Comisión Europea prevé un escenario macroeconómico menos favorable, en el que el consumo privado y la inversión en España serán más débiles de lo esperado por el Gobierno.
La deuda cuesta más por los tipos
El gran desafío para la economía española es una creciente bola de nieve de deuda pública, que se retroalimenta con el déficit constante. La deuda, que supera los 1,5 billones de euros, se está refinanciando a un coste cada vez mayor debido al aumento de los tipos de interés, lo que encarece el crédito. Aunque el Tesoro considera que tiene bajo control la gestión de la cartera, la deuda será más cara. Además, el Banco Central Europeo (BCE) ya no compra deuda de los Estados.
Este es uno de los puntos que presionará negativamente el equilibrio de las cuentas. La inflación ha obligado a tomar medidas que han reducido los ingresos en 6.100 millones, además de las ayudas y bonificaciones por valor de 13.400 millones de euros solo en 2023.
La trayectoria de reducción de la deuda que maneja la AIReF, y que también aprueba el Banco de España en sus proyecciones, indica que la recaudación adicional generada por los efectos de la inflación se agotará antes o después. Esto tendrá consecuencias si no se toman medidas adicionales que, en este momento, nadie está planteando.
Impuestos como el IRPF o las cotizaciones sociales verán su comportamiento frenar al igual que el empleo, que está mostrando señales de agotamiento después de su espectacular crecimiento tras la pandemia. Lo mismo sucederá con el consumo y la inversión, teniendo en cuenta la política monetaria.
“Será inevitable moral y económicamente reducir el gasto público innecesario y las duplicidades, especialmente si queremos consolidar y hacer sostenibles partidas esenciales como sanidad, pensiones, dependencia o educación, de las que hablaremos otro día”, explicó Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y ex ministro de Ciudadanos.
