Uno de los debates más importantes en la UE durante el segundo semestre de este año será la reforma de la gobernanza económica. Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete trabajarán para llegar a un acuerdo antes de que termine el año y para reintroducir las reglas fiscales en 2024. España, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ejercerá de árbitro en este proceso y ha presentado un documento de trabajo con los cuatro pilares principales para alcanzar un acuerdo a finales de año.
Ayer, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, señaló: “Vamos a sentar las bases para avanzar e impulsar las negociaciones sobre las reglas fiscales”. Hizo referencia a la presentación de un documento de cuatro puntos a sus homólogos para avanzar en las conversaciones en otoño, después de la orientación política en el Ecofin informal de Santiago en septiembre y los avances técnicos en agosto. Estos debates tendrán lugar después de las elecciones del 23 de julio.
La propuesta de España incluye salvaguardias comunes para garantizar una reducción suficiente de la deuda y evitar esfuerzos fiscales. Este elemento busca satisfacer las demandas de Alemania de establecer un objetivo numérico anual para la reducción de la deuda, pero también preservar los principios fundamentales de la reforma.
La presidencia española también propone la existencia de un margen fiscal para “financiar las inversiones necesarias y los bienes públicos”, según explicó Calviño. Este es un reclamo que también ha hecho Italia para tener libertad para continuar con las inversiones públicas.
Los otros dos puntos de la propuesta española abordan el “rol y margen de maniobra de las distintas instituciones” y los “mecanismos para garantizar el cumplimiento de los compromisos”. Según la vicepresidenta primera, este documento recoge los cuatro elementos fundamentales que podrían conformar el acuerdo sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Después de la suspensión de las reglas fiscales debido a la pandemia, estas volverán a aplicarse en 2024. Para ello, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la gobernanza económica que incluye ajustes individualizados por país y un ajuste mínimo del 0,5% del PIB para aquellos países con un déficit superior al 3%.